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EL ASESINATO DE PRISCILA leguiza

Desgarrarse las vestiduras no alcanza

Cuando ocurren estos sucesos tan tragicos como con lo de Priscila nos preguntamos siempre si es un caso aislado? Cuando pedimos Justicia y depositamos toda nuestra confianza en los jueces de familia deberíamos preguntar antes: el servicio local qué hizo?, o en el caso de no existir el servicio local preguntar al zonal qué hizo?

Y nosotros siempre nos preguntamos continuamente, cuando ingresa un pibe con un medida de abrigo, que es sólo aplicable en caso excepcionales, que si no se hubiese aplicado esa medida ese pibe pasaría a sumar la lista de pibes asesinados, se tarda tanto en aplicar la medida de abrigo que a los pibes se les hace carne y acostumbramiento el golpe o la la violación, hasta la calle se les hace costumbre, resignándose y acostumbrándose a vivir de esa manera.

Cuando comprendamos que el dolor en los chicos maltratados quedan secuelas terribles, cuando aprendamos a escucharlos y a decidir en base a lo que nos dicen, cuando entendamos que debemos denunciar la vulneración de sus derechos... Denunciar más de una vez, porque sino nos responden: "ya estamos trabajando en el caso" y, trágicamente, el pibe termina muerto! Preguntemos e insistamos lo que van a hacer con nuestra denuncia!
Hoy Priscila es noticia pero mañana será olvidada... Cuántas Priscilas más tendrán que gritar para exigir justicia, necesitamos una ley que proteja "realmente" a los niños y niñas. Basta de discursos bonitos y exijamos leyes comprometidas con la niñez en el congreso y en la agenda política…

Hace ya muchos años que nos venimos pronunciando cada vez que pasa algo con algún niño/a mientras dura la noticia y con esa sensación de impotencia nos desgarramos las vestiduras y después todo pasa al olvido…..

Gustavo Garcia : Hogar Don Bosco La Plata / RedBA

Atroces muertes evitables

Por María Elena Naddeo *

La muerte de Prisila y la existencia de decenas de niños y niñas con búsqueda de paradero, posibles víctimas de violencia, vuelve a colocar el tema de la protección de derechos de la infancia en la agenda pública y mediática.

Sería interesante analizar este crimen, más allá de las cuestiones criminalísticas o jurídicas, en el contexto de las múltiples situaciones de maltrato y abuso intrafamiliar que sufren todavía los chicos y chicas en nuestra sociedad.

La Convención de los Derechos del Niño primero, y luego la abundante y excelente legislación provincial y local que logramos sancionar, establecieron claramente la corresponsabilidad del Estado, las familias y el conjunto de la sociedad en el cuidado de los niños. En muchos barrios, las redes de organizaciones sociales y los equipos estatales de protección de derechos, funcionan como auténticas líneas y trincheras de prevención y contención de las situaciones de violencia. En general y siguiendo los preceptos constitucionales e internacionales, se busca resguardar el derecho a la convivencia familiar de los chicos, apostando a la superación de las situaciones de violencia. Asimismo, la ley previó la adopción de medidas excepcionales de protección a tomar cuando exista riesgo para la vida física o psíquica de los niños, y que consisten en su separación del grupo familiar agresor y la entrega en guarda a miembros de la familia ampliada o de la comunidad o el alojamiento en hogares convivenciales, como último recurso.

Cuando los equipos de protección de derechos de la infancia recomiendan o definen mantener la convivencia familiar, establecen también la inclusión del grupo familiar en programas de atención psicológica y social, a fin de garantizar un seguimiento cercano de la evolución del vínculo y la suspensión de cualquier situación de mal trato o violencia contra los niños. Y por supuesto interactúan con la escuela a la que obligatoriamente asisten los chicos, pues la institución educativa es el gran lugar donde los niños y niñas expresan sus preocupaciones y se logran detectar y prevenir múltiples problemas.

Estos son los caminos establecidos por la legislación, y los protocolos existentes. Posiblemente el cambio de domicilio de Prisila –de Lanús a Berazategui, municipios distintos con diferentes equipos intervinientes– haya complicado el seguimiento, la articulación y el contacto directo y la supervisión de la vida familiar. Posiblemente no existan en estos municipios programas de fortalecimiento de vínculos que acudan con regularidad a visitar a los chicos en sus hogares, a fin de garantizar la superación de las situaciones de violencia y supervisar la inclusión social y educativa de los chicos y chicas. Seguramente la madre de Prisila –caso paradigmático de mujer joven cargada de hijos desde la adolescencia sin ninguna formación cultural o psicopedagógica– tampoco recibió tratamientos ni advertencias institucionales acerca del cuidado de los chicos.

Las muertes por maltrato de niñas y niños de corta edad nos obligan a movilizar los recursos humanos especializados en infancia, llegando a cada barrio y a cada situación de conflicto con intervenciones certeras y ágiles. Es la presencia del Estado con políticas y programas de amplio alcance quien puede establecer y orientar en los cuidados y criterios para la crianza de los chicos. Esta sociedad contemporánea, atravesada de múltiples violencias, lo requiere. Y es el conjunto de la sociedad el que se debe comunicar con los servicios existentes cuando son detectadas situaciones de violencia, porque en materia de derechos de los niños, todos somos co-responsables.

* Especialista en niñez y género. Ex presidenta del Consejo de los Derechos de Niñ@s y Adolescentes, CABA. Fuente Pagina 12


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